El nuevo enfoque en materia de capacidad jurídica

El 17 de agosto de 2022 se publicó en el BOPA la Ley30/2022, de 21 de julio, calificada de la persona y de la familia.

Con esta ley, el derecho andorrano se adapta a los principios rectores del Convenio de las Naciones Unidas relativo a los derechos de las personas con discapacidad. Ello ha implicado, entre otras, la supresión de la institución de la incapacitación, así como las medidas que comportaban la sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad.

Actualmente, no habrá declaración judicial de incapacitación sino que se establecerán determinados apoyos para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Este nuevo enfoque en materia de capacidad jurídica y de su ejercicio, conlleva el establecimiento de medidas de apoyo de carácter voluntario o judicial. Se prioriza que la toma de decisiones esté siempre en manos de la persona asistida y que la persona que da el apoyo sólo intervenga en los casos necesarios. En el caso de que la persona con discapacidad no pueda formular su voluntad libremente, el apoyo podrá tener carácter representativo respetando, siempre que sea posible, la voluntad de la persona asistida.

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Las nuevas instituciones de protección o de apoyo a la persona son las siguientes:

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1. La tutela: protege a las personas menores de edad no emancipadas que no estén bajo la autoridad parental o que se encuentren en situación de desamparo.

2. La curatela: se aplica a las personas menores de edad emancipadas, o bien a las personas con discapacidad, o bien a las personas declaradas ausentes.

3. El defensor judicial: en los casos en que exista un conflicto de intereses entre la persona titular de un cargo de protección o de apoyo y la persona asistida, o bien, mientras que se constituye una institución de protección.

4. La guarda de hecho: el guardador de hecho asume las funciones de protección del menor de edad o de la persona con discapacidad sin un título formal que lo legitime. Suele ser un familiar de la persona asistida.

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Natàlia Canut Fernández

jurista